Incidencia

Ante los acuerdos alcanzados para la formación de Gobierno en Andalucía, desde Red Acoge queremos recordar a todas las fuerzas políticas que los derechos humanos no son negociables y están por encima de cualquier ideología política.

Con relación a los derechos de las personas migrantes, en el punto 27 y 28 del acuerdo señalan el compromiso entre el Partido Popular y Vox de:

27. Cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un “efecto llamada” y combatir a las mafias que trafican con personas.

28. Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral.

En este sentido recordamos a todas las fuerzas políticas que:

El art. 3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, señala claramente que las personas extranjeras gozarán en España de los mismos derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución.

Asimismo subraya que, estas normas se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España.

España tiene ratificados el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención derechos del Mar y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Todos ellos de obligado cumplimiento para el Estado español.

Además, el pasado 10 de diciembre, el Estado español firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que supone un abordaje internacional de las políticas migratorias anclándolas en el derecho internacional de los derechos humanos.

La migración, es intrínseca al ser humano, ha sido y es una realidad que no se puede ni se debe frenar. Las personas son expulsadas de sus propios países por la pobreza, la violencia, la discriminación y la mala gobernanza.

No existe un efecto llamada. Las personas se ven obligadas a abandonar sus países y buscan las rutas para hacerlo, cuando unas rutas son bloqueadas, buscan otras independientemente del peligro que suponga para sus vidas.

En este sentido, el Pacto Mundial para la Migración señala la importancia de crear vías seguras abriendo canales ordinarios para la migración desde los propios países de origen.

Las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras llevadas a cabo por la mayoría de países causan miles de muertes y suponen una grave vulneración del derecho a la vida de las personas migrantes.

El concepto de “protección de fronteras” criminaliza, en sí mismo, a las personas que se juegan la vida por llegar al territorio español, al prejuzgar la necesidad de establecer medidas concretas de defensa para evitar el supuesto “daño” causado por migrantes.

Frente a esto, los acuerdos internacionales firmados por el Estado español señalan que las políticas de control y gestión de fronteras deben garantizar los derechos de las personas migrantes y no crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras.

La imposición de limitaciones a la migración es parte del problema, no de la solución.

Recordamos que el Estado español firmó en 10 de diciembre el año 2018 el Pacto Mundial sobre Migración para una Migración Segura, Ordenada y Regular, conceptos muy diferentes a los planteados en el acuerdo entre las fuerzas políticas del PP y Vox.

En cuanto al término “legal” recordamos el rechazo internacional al calificativo “ilegal” para referirse a una persona sin documentos porque este término estimula la estigmatización e incluso la criminalización de migrantes que no se encuentran en una situación de regularidad administrativa.

Con relación al planteamiento de garantizar una inmigración respetuosa con nuestra cultura occidental, recalcamos que la obligación de los poderes públicos es garantizar una migración respetuosa con los derechos humanos, sin discriminación alguna, independientemente de su cultura.

Recordamos que la Ley de extranjería en su art. 21 señala que “representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural”.

Por otro lado, la vinculación de la migración “siempre” al mercado laboral supone una mercantilización de las personas y una restricción al importante papel que las personas migrantes juegan como impulsoras y facilitadoras del desarrollo humano. Su integración social en los países de acogida tiene un efecto positivo en el conjunto de la sociedad.

Como han señalado los principales órganos de Naciones Unidas en reiteradas ocasiones, todas las personas migrantes deben ser reconocidas y tratadas con respeto y dignidad como titulares de derechos en condiciones de igualdad. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar a estas personas en todas las etapas de su proceso migratorio.

Fuente: Red Acoge