Comunicado

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11/03/2021 - Firma para que el Ministerio del Interior garantice el acceso a la justicia de las personas en situación administrativa irregular
Queremos hacer llegar al Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes nuestra preocupación por la vulneración del derecho al acceso a la justicia de quienes se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español.

09/10/2020 - La emergencia derivada del Covid-19 se recrudece

Desde las asociaciones de vecinos de Madre de Dios y San José, junto con la asociación Rioja Acoge, venimos observando en nuestro entorno un recrudecimiento de la emergencia social y sanitaria derivada de la COVID-19. Una emergencia que no nos golpea por igual a todas las personas, sino que es especialmente dura con las más vulnerables por su situación socioeconómica, por su origen, idioma o situación legal, por su género o edad, su grado de diversidad funcional o condiciones de salud preexistentes, entre otras. 

En este sentido, señalamos que "conseguir que te cojan el teléfono para pedir una cita en atención primaria puede suponer horas, a veces días, al teléfono, y no todas las personas disponemos de medios telemáticos para hacerlo". Las listas de espera crecen y los tiempos se alargan, así como que las consultas telefónicas no son eficaces.

"Ante las dificultades para ser atendidas en sus Centros de Salud, algunas personas optan por acudir al servicio de Urgencias, ya saturado".

Esta realidad nos reafirma en la defensa de una sanidad pública, de calidad y universal, como un derecho fundamental de todas las personas.

Nuestra trayectoria de participación en la Comisión de Salud Comunitaria del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) de los barrios de Madre de Dios y San José, nos hace estar convencidas de que la participación comunitaria es una de las herramientas más valiosas para garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Es necesaria la participación mediante la puesta en marcha de los Consejos de Salud de las Zonas Básicas de Salud Joaquín Elizalde y Rodríguez Paterna, a las que se adscriben nuestros barrios.

Se han detectado las siguientes necesidades para los barrios en el ámbito sanitario:
  • Información objetiva sobre las listas de espera para las diversas especialidades sanitarias, incluyendo la atención primaria y los tiempos para el diagnóstico y aislamiento de contactos en los casos de COVID-19.
  • Información sobre la evolución de la COVID-19 en la zona, y sobre las actuaciones que se están llevando a cabo para combatir su extensión y sus efectos.
  • Situación real de las plantillas de personal sanitario, sociosanitario, administrativo y de servicios auxiliares, en los centros de salud de nuestros barrios.
  • Completa cobertura de las dotaciones de profesionales que corresponden a los centros de salud previendo las necesarias sustituciones por bajas, vacaciones u otras circunstancias.
  • Plan de actuaciones e inversiones para conseguir una atención primaria y comunitaria adecuada a las necesidades de los barrios.



27/05/2020 - Tememos que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se prevé aprobar excluya a miles de personas en situación de vulnerabilidad
Instamos al Gobierno español a que todas las personas en extrema pobreza 
puedan acceder al Ingreso Mínimo.

Este ingreso mínimo vital (IMV) es en principio una renta mínima asegurada para aquellos que, teniendo problemas económicos, no se hayan podido acoger a ninguna ayuda de las que se han aprobado para hacer frente a la crisis de la COVID-19. La realidad es que deja fuera a miles de hogares que se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español y a aquellas que, aunque teniendo toda la documentación legal de residencia y trabajo, no la tengan desde hace más de un año.

Según las declaraciones realizadas por el Ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, podrán acceder al IMV “las personas extranjeras que se constate que tengan residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forman parte de un hogar durante un año y que cumplan las condiciones”.  Esto hace que la prestación no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza. Hemos de recordar que, las personas extranjeras en situación administrativa irregular están siendo unas de las más duramente golpeadas por las medidas adoptadas durante la crisis de la COVID19 y que están siendo excluidas de prácticamente todas las medidas adoptadas por el Gobierno.



El IMV es una medida, aunque excepcional, necesaria, pero se queda corta al excluir a miles de familias que se encuentran en situación de extrema pobreza, con mayores dificultades para afrontar la situación de crisis económica y social y mayor riesgo de discriminación y explotación. 

Gran parte de estas personas llevan años viviendo en el Estado español, trabajando en el sector informal, sin contratos de trabajo, con trabajos precarios o temporales y no tienen acceso a la protección social. De un día para otro, se han quedado sin ningún ingreso no pudiendo hacer frente a los pagos de la vivienda, la alimentación o la educación de sus hijos e hijas. Son personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad porque la legislación española las excluye de cualquier protección de la misma forma que el Gobierno las excluye de las medidas sociales que está adoptando.  

Esta exclusión por parte del Gobierno implica abandonar a miles de familias que se encuentran en situación de extrema pobreza en nuestro país, dejándolas expuestas a una situación de mayor riesgo de sufrir discriminación, exclusión, explotación y abuso.

Nuevamente recordamos al Gobierno que, según los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado español, tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna y con independencia de su situación administrativa en el país.

Por ello, para cumplir con estas obligaciones le instamos a que adopte medidas urgentes para avanzar hacia una solución jurídica estable reconociendo a todas las personas migrantes como sujetos plenos de derecho y sean incluidas sin discriminación alguna en las medidas económicas y sociales que se están adoptando y el IMV se convierta en un apoyo económico garantizado, de derecho de ciudadanía española, para dar garantía de renta ante situaciones de necesidad y pobreza más severa.

Fuente: Red Acoge.


11/03/2020 - Suspendemos algunos servicios
Siguiendo las recomendaciones del Gobierno de La Rioja y del Gobierno de España, informamos que Rioja Acoge suspende varios servicios como medida de prevención ante la situación de riesgo de contagio del Coronavirus #COVID19, durante el periodo recomendado del 11 de marzo al 11 de abril (ambos inclusive).

ATENCIÓN SOCIO-JURÍDICA:

El Servicio de Orientación y Asesoramiento para la inserción social, estará cerrado al público. Mantiene activo el correo electrónico de dicho servicio para poder atender consultas por escrito: rioja.acoge@redacoge.org

ÁREA DE ENSEÑANZA DE LENGUA CASTELLANA:

Así mismo se han cancelado, también de manera temporal, las clases de castellano y todos los grupos han sido informados y emplazados hasta nuevo aviso.

ÁREA DE ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES EN EL CENTRO PENITENCIARIO:

La dirección del Centro Penitenciario de Logroño ha recomendado la suspensión de todas las actividades con personal externo y, por ello, el grupo de voluntariado de Rioja Acoge, suspenderá temporalmente las visitas y actividades semanales.


EQUIPO TÉCNICO DE RIOJA ACOGE:
El equipo técnico de las demás áreas y proyectos aplicará el teletrabajo en todas aquellas actividades que sean posibles, tal y como ya se recoge en el convenio colectivo.


Esperamos en breve poder retomar nuestro trabajo con normalidad y ejercer mientras tanto una convivencia responsable.



18/12/2019 - Día Internacional de las personas migrantes
En el Día Internacional de las Personas Migrantes, Red Acoge, federación de 20 ONG que trabajan por los derechos de las personas migrantes, reitera que es fundamental un discurso público sobre las migraciones basado en los derechos humanos, que no deshumanice, criminalice y genere estereotipos y prejuicios sobre las personas migrantes. 

Hoy, 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, desde Red Acoge, queremos mostrar nuestra especial preocupación por los mensajes racistas y xenófobos hacia las personas migrantes que se están llevando a cabo por parte de determinadas formaciones políticas y el eco que los medios de comunicación se hacen de ellos.


Reiteramos que es fundamental un discurso público, político y mediático, sobre las migraciones basado en los derechos humanos, que no deshumanice, criminalice y genere estereotipos y prejuicios sobre las personas migrantes.

Las migraciones forman parte de la actual agenda política y mediática. Este protagonismo tiene un impacto social directo, pues representantes políticos y medios de comunicación cuentan con la capacidad para fijar ideas determinadas y conformar un imaginario sobre las personas migrantes.
Esta capacidad influye de manera determinante en la percepción, recepción e interacción social con esta realidad. En su gran alcance y su indiscutible influencia a nivel social es donde reside la responsabilidad de construir un discurso público positivo. 

Un discurso que, huyendo de sensacionalismos, partidismo o sesgo ideológico, se base en la realidad de los flujos migratorios y proponga un tratamiento humanizador que preserve la dignidad de las personas migrantes. En el que prevalezca la utilización de datos contextualizados y no tergiversados, que favorezcan una visión alejada del alarmismo, la criminalización, la estigmatización y la deshumanización de las migraciones.

Nuestro modelo de sociedad nos expone a una inmensidad abrumadora de publicaciones en las que los medios de comunicación reproducen el que utilizan los responsables políticos, por lo que la responsabilidad de alcanzar un buen tratamiento de los desplazamientos humanos recae en ambas partes. Apelamos a todos los actores sociales y, en particular a los poderes públicos, además de formaciones políticas y medios, a luchar contra los discursos xenófobos e intolerantes dirigidos a la sociedad en contra de las personas migrantes y refugiadas.

Para contribuir a esta mejora realizamos las siguientes propuestas: 

  • Poner en el centro a la persona. Las migraciones no son algo abstracto, hablamos de una realidad conformada por personas en un mundo en movimiento del que todas y todos formamos parte.
  • Tener siempre en cuenta que migrar es un derecho y que las personas que migran también tienen derechos. Desechar tanto los discursos que tratan la migración desde un enfoque paternalista, como los que se posicionan contra la migración. Los Estados tienen obligaciones internacionales y están por encima de cualquier ideología política. 
  • Utilizar datos contextualizados y no tergiversados. Los datos son una herramienta fundamental de argumentación, por lo que su contextualización y contraste son de obligado cumplimiento, de acuerdo a la veracidad del discurso. 
  • Ofrecer información veraz sobre la realidad migratoria internacional y de todas las etapas de la migración. Es necesario no caer en aseveraciones que contribuyan a la creación de imaginarios que no se corresponden con la realidad migratoria.

Fuente: Red Acoge 18/12/2019


06/11/2019 - Siete ONG piden a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que investigue un posible delito de odio en varios vídeos de Vox sobre inmigración
Las siete entidades especializadas, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elín, Irídia, Red Acoge, Federación SOS Racismo, exigen la retirada inmediata de los videos por poner en riesgo la convivencia y cohesión social.

Varias entidades sociales presentan una denuncia ante el Ministerio Fiscal y queja ante el Defensor del Pueblo, en el que exigen una investigación para determinar si varios videos elaborados y difundidos con motivo de la última campaña electoral por el partido político Vox en sus páginas y redes oficiales, pudieran incurrir en un delito de odio.

Para las siete entidades implicadas, en estos vídeos se difunden mensajes claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante, poniendo en peligro la cohesión social. En uno de ellos se criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable, como son los niños y niñas migrantes sin acompañamiento familiar generalizando estas conductas violentas como algo intrínseco a la infancia migrante no acompañada.

Esta generalización puede conllevar graves consecuenciales para estos menores, como han sido los últimos ataques a los centros donde están acogidos. También puede dificultar su inclusión en la sociedad a través del acceso a un empleo o a una vivienda. Estos discursos provocan un miedo sin fundamento en la población poniendo en peligro la convivencia entre vecinos y vecinas.

Las entidades inciden en que este tipo de videos, que criminaliza a población migrante, fomentan reacciones violentas idóneas para generar un peligro cierto e inminente a este colectivo pudiendo incurrir en un delito de odio tipificado en el artículo 510 del código penal. Este artículo establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quien realice públicamente el fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas o por pertenencia a un origen nacional determinado, tal y como puede estar sucediendo con la difusión estos contenidos.

Por ello, las entidades firmantes instan tanto al Defensor del Pueblo como a Fiscalía General del Estado, a que admitan el escrito presentado y que inicien de forma urgente la investigación de estos graves hechos. Asimismo, solicitan a la Fiscalía a que adopten medidas cautelares de retirada de los materiales audiovisuales no sólo para el total esclarecimiento de los hechos, sino también de cara a la protección de las víctimas y la cohesión social.

Por último, estas ONG instan a todos los partidos políticos que concurren en estas elecciones a que no utilicen a las personas refugiadas, migrantes y racializadas con fines electoralistas, y centren sus campañas en las propuestas de cada partido para mejorar la protección de las personas y colectivos vulnerables, los mecanismos para mejorar la convivencia y la gestión de la diversidad.

Fuente: Red Acoge


05/11/2019 - Presentación del informe sobre la situación de los DDHH en el sistema de Protección Internacional y de acogida del Estado español
Dada la situación de vulneración de derechos que sufren las personas solicitantes de Protección Internacional en España, 15 entidades que formamos PlatRefugio, hemos presentado un informe para poner en conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas dichas vulneraciones de derechos.

La presentación del informe se enmarca en el Examen Periódico Universal de España 2020, un mecanismo de seguimiento del Consejo de Derechos Humanos con el objetivo de mejorar la realidad de los DDHH en el terreno de cada uno de los 193 países miembros de la ONU.

Contaremos con la participación de: ACNUR, Fundación Abogacía Española y PlatRefugio




¡Acompáñanos!



Este informe se presenta conjuntamente con las siguientes entidades:

  • ActivaT en Derechos Humanos
  • Asociación ELIN
  • Asociación Pro Derechos Humanos de España
  • CESAL
  • Diaconía
  • Federación SOS Racismo
  • Fundación La Merced Migraciones
  • Asociación Provivienda
  • Irídia - Centro para la Defensa de los Derechos Humanos
  • MPDL
  • Pueblos Unidos
  • Stop Mare Mortum
  • Andalucía Acoge
  • Foro de abogad@s de izquierdas – Red de abogad@s demócratas
  • Red Acoge


¿QUÉ? Presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos en el sistema de protección internacional y de acogida del Estado Español, contribución escrita presentada al EPU
¿CUÁNDO? Jueves 14 de noviembre de 9:00 a 11:00
¿DÓNDE? Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de Recoletos, 13. Madrid) 

Fuente: Red Acoge 




28/08/2019 - Crisis migratoria y Mediterráneo
El incumplimiento de la obligación de los estados europeos de proteger y respetar el derecho a la vida de las personas migrantes y refugiadas pone de manifiesto la necesidad de políticas migratorias garantes de los derechos humanos. Las entidades firmantes reivindican una gobernanza migratoria respetuosa con los derechos humanos y que garantice la movilidad humana.


La actual política migratoria de los países europeos y de la propia Unión Europea tiene como principal objetivo el cierre de fronteras y el bloqueo a la libre circulación de personas. Al mismo tiempo, la falta de alternativas en dichas políticas migratorias obliga a la entrada clandestina al continente y, por tanto, empuja a miles de personas a arriesgar su vida en una frontera o en el mar.  En el primer semestre del año 2019 más de 800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, siendo el de menor intentos de cruzarlo en los últimos 3 años, por lo tanto no hay una crisis de llegadas como auguran sino una crisis de muertes y omisión de socorro.

Son muchos los factores de expulsión que llevan a una persona a la decisión de dejar su país, todos relacionados con la pobreza, la desigualdad, la violencia, la discriminación, el cambio climático y la mala gobernanza. La respuesta por parte de los Estados miembros a las corrientes migratorias, ha sido hasta ahora, aumentar progresivamente los obstáculos a la movilidad con políticas de represión y disuasión que ponen el foco en la seguridad de las fronteras y no en dar trato humano a los migrantes y proteger sus derechos.

Las actuales políticas migratorias de los países europeos son un claro ejemplo al tener como principales pilares la militarización, la disuasión y la externalización del control de las fronteras. La eliminación de misiones de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan vidas en el mar, la brutalidad policial en las fronteras, el pago de millones de euros a países como Libia, Turquía o Marruecos para que bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes forman parte de esta táctica de amenaza directa para impedir que estas personas lleguen a los países europeos.

Frente a las operaciones de salvamento y asistencia humanitaria como el “Mare Nostrum”, que en tan solo 18 meses logró rescatar a casi 100.000 personas migrantes, recuperar 499 cuerpos y detener a 728 traficantes; actualmente la UE prioriza la gestión y guarda de fronteras a través de una muy limitada acción de la agencia europea Frontex, aunque la evolución del presupuesto de esta Agencia ha ido incrementándose en estos años para centrarse en la vigilancia de las fronteras, mientras que el presupuesto para Salvamento Marítimo se congela e incluso se reduce. El rescate de personas en el mar es una labor imprescindible e indigna la omisión al socorro por parte de la Unión Europea, dejando morir a cientos de personas que intentan cruzar el Mediterráneo. Los Estados han de garantizar la ayuda a cualquier persona en peligro en el mar, sin distinguir por razones de la nacionalidad, el estatus particular del individuo o las circunstancias en las que se encuentra.

Ante este grave incumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados con relación a proporcionar socorro y ayuda humanitaria y la crisis de gobernabilidad de la UE, son las organizaciones de la sociedad civil las que salvan vidas. ONGs formadas por ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que representan todo aquello que motivó e ilusionó el proyecto europeo de unión en sus inicios: dignidad humana, solidaridad y conciencia social y que ahora ni la UE ni los gobiernos de sus países integrantes parecen recordar ni practicar. Por ello, se debe reconocer el trabajo encomiable y vital que hacen. Sin embargo, la criminalización y persecución de estas organizaciones forma parte de la táctica de disuasión seguida por los Estados, que pretenden poner fin a sus acciones aduciendo que el salvamento crea un factor de atracción, llegando a tipificar como delito esta acción. Una UE en la que no sea básica la protección de la vida de cualquier ser humano es una Unión Europea que no está pensada para las personas y, por tanto, pone en peligro el concepto de derechos sociales que proclamaba en los años de su fundación para todas y todos. 

Como ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes “La imposición de limitaciones a la movilidad es parte del problema y no de la solución. La trágica muerte de migrantes en tránsito ha puesto clara y visiblemente de manifiesto la continua ineficacia de la gestión de las fronteras… La única solución es adoptar políticas migratorias bien gestionadas que faciliten la movilidad de las personas migrantes y proporcionen a los Estados los controles de fronteras que necesitan”.

Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia. Los Gobiernos no cumplen la obligación de proteger el derecho a la vida con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, realizando violaciones sistemáticas de los derechos humanos en sus fronteras, pisoteando el derecho al asilo, la protección de menores de edad y de víctimas de trata, y negando la ciudadanía a millones de personas que son despojadas de sus derechos por el hecho de no tener su situación administrativa en regla.

Por todo ello, sin hacer una lectura limitada y cortoplacista, se debe tener una gobernanza migratoria respetuosa con los derechos humanos de las personas y que garantice la movilidad humana. Ante la dramática situación de miles de personas que mueren en el mar, la Unión Europea no puede permanecer impasible y debe llevar a cabo una acción más sólida, más predecible y coordinada, con principios, valores e identidad.

Las entidades firmantes, ante esta situación, que no se trata de un hecho novedoso, y al auge e influencia del populismo xenófobo queremos apelar a la responsabilidad y solidaridad de los Estados para que promuevan una política migratoria que proteja los derechos humanos y libertades fundamentales en materia de asistencia y acogida, que combata las causas reales de las migraciones y construya convivencia. 



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