El Defensor del Pueblo se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Ministerio del Interior para que dicte instrucciones precisas que garanticen que las personas extranjeras en situación irregular, que son presuntas víctimas de un delito, puedan formular denuncia sin miedo a ser expulsadas, ajustándose de este modo a lo dispuesto en el Estatuto de la Víctima del Delito, y al marco jurídico internacional.

Sin embargo, en enero de 2021, la Secretaría de Estado de Seguridad comunicó su negativa expresa a aplicar esta recomendación.

Las organizaciones sociales hemos constatado además que este procedimiento no solo se aplica a quienes pretenden interponer una denuncia, sino también a quienes acuden a dependencias policiales a realizar cualquier tipo de trámite administrativo.

Esta práctica contraviene la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a la justicia de todas las personas, sin discriminación, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, respetando los principios de equidad, proporcionalidad y de seguridad jurídica.

Puedes leer la carta completa aquí.

Súmate para solicitar al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las personas migrantes que se dirija al Estado español para que cumpla con su compromiso para garantizar los derechos humanos de todas las personas con arreglo a los principios de igualdad de trato y no discriminación >  FORMULARIO DE FIRMA


Fuente: Red Acoge.