Este ingreso mínimo vital (IMV) es en principio una renta mínima asegurada para aquellos que, teniendo problemas económicos, no se hayan podido acoger a ninguna ayuda de las que se han aprobado para hacer frente a la crisis de la COVID-19. La realidad es que deja fuera a miles de hogares que se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español y a aquellas que, aunque teniendo toda la documentación legal de residencia y trabajo, no la tengan desde hace más de un año.

Según las declaraciones realizadas por el Ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, podrán acceder al IMV “las personas extranjeras que se constate que tengan residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forman parte de un hogar durante un año y que cumplan las condiciones”.  Esto hace que la prestación no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza. Hemos de recordar que, las personas extranjeras en situación administrativa irregular están siendo unas de las más duramente golpeadas por las medidas adoptadas durante la crisis de la COVID19 y que están siendo excluidas de prácticamente todas las medidas adoptadas por el Gobierno.

El IMV es una medida, aunque excepcional, necesaria, pero se queda corta al excluir a miles de familias que se encuentran en situación de extrema pobreza, con mayores dificultades para afrontar la situación de crisis económica y social y mayor riesgo de discriminación y explotación. 

Gran parte de estas personas llevan años viviendo en el Estado español, trabajando en el sector informal, sin contratos de trabajo, con trabajos precarios o temporales y no tienen acceso a la protección social. De un día para otro, se han quedado sin ningún ingreso no pudiendo hacer frente a los pagos de la vivienda, la alimentación o la educación de sus hijos e hijas. Son personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad porque la legislación española las excluye de cualquier protección de la misma forma que el Gobierno las excluye de las medidas sociales que está adoptando.  

Esta exclusión por parte del Gobierno implica abandonar a miles de familias que se encuentran en situación de extrema pobreza en nuestro país, dejándolas expuestas a una situación de mayor riesgo de sufrir discriminación, exclusión, explotación y abuso.

Nuevamente recordamos al Gobierno que, según los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado español, tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna y con independencia de su situación administrativa en el país.

Por ello, para cumplir con estas obligaciones le instamos a que adopte medidas urgentes para avanzar hacia una solución jurídica estable reconociendo a todas las personas migrantes como sujetos plenos de derecho y sean incluidas sin discriminación alguna en las medidas económicas y sociales que se están adoptando y el IMV se convierta en un apoyo económico garantizado, de derecho de ciudadanía española, para dar garantía de renta ante situaciones de necesidad y pobreza más severa.