Varias entidades sociales presentan una denuncia ante el Ministerio Fiscal y queja ante el Defensor del Pueblo, en el que exigen una investigación para determinar si varios videos elaborados y difundidos con motivo de la última campaña electoral por el partido político Vox en sus páginas y redes oficiales, pudieran incurrir en un delito de odio.

Para las siete entidades implicadas, en estos vídeos se difunden mensajes claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante, poniendo en peligro la cohesión social. En uno de ellos se criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable, como son los niños y niñas migrantes sin acompañamiento familiar generalizando estas conductas violentas como algo intrínseco a la infancia migrante no acompañada.

Esta generalización puede conllevar graves consecuenciales para estos menores, como han sido los últimos ataques a los centros donde están acogidos. También puede dificultar su inclusión en la sociedad a través del acceso a un empleo o a una vivienda. Estos discursos provocan un miedo sin fundamento en la población poniendo en peligro la convivencia entre vecinos y vecinas.

Las entidades inciden en que este tipo de videos, que criminaliza a población migrante, fomentan reacciones violentas idóneas para generar un peligro cierto e inminente a este colectivo pudiendo incurrir en un delito de odio tipificado en el artículo 510 del código penal. Este artículo establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quien realice públicamente el fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas o por pertenencia a un origen nacional determinado, tal y como puede estar sucediendo con la difusión estos contenidos.

Por ello, las entidades firmantes instan tanto al Defensor del Pueblo como a Fiscalía General del Estado, a que admitan el escrito presentado y que inicien de forma urgente la investigación de estos graves hechos. Asimismo, solicitan a la Fiscalía a que adopten medidas cautelares de retirada de los materiales audiovisuales no sólo para el total esclarecimiento de los hechos, sino también de cara a la protección de las víctimas y la cohesión social.

Por último, estas ONG instan a todos los partidos políticos que concurren en estas elecciones a que no utilicen a las personas refugiadas, migrantes y racializadas con fines electoralistas, y centren sus campañas en las propuestas de cada partido para mejorar la protección de las personas y colectivos vulnerables, los mecanismos para mejorar la convivencia y la gestión de la diversidad.