Crisis migratoria y Mediterráneo
El incumplimiento de la obligación de los estados europeos de proteger y respetar el derecho a la vida de las personas migrantes y refugiadas pone de manifiesto la necesidad de políticas migratorias garantes de los derechos humanos. Las entidades firmantes reivindican una gobernanza migratoria respetuosa con los derechos humanos y que garantice la movilidad humana.
La actual política migratoria de los países europeos y de la propia Unión Europea tiene como principal objetivo el cierre de fronteras y el bloqueo a la libre circulación de personas. Al mismo tiempo, la falta de alternativas en dichas políticas migratorias obliga a la entrada clandestina al continente y, por tanto, empuja a miles de personas a arriesgar su vida en una frontera o en el mar. En el primer semestre del año 2019 más de 800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, siendo el de menor intentos de cruzarlo en los últimos 3 años, por lo tanto no hay una crisis de llegadas como auguran sino una crisis de muertes y omisión de socorro.
Son muchos los factores de expulsión que llevan a una persona a la decisión de dejar su país, todos relacionados con la pobreza, la desigualdad, la violencia, la discriminación, el cambio climático y la mala gobernanza. La respuesta por parte de los Estados miembros a las corrientes migratorias, ha sido hasta ahora, aumentar progresivamente los obstáculos a la movilidad con políticas de represión y disuasión que ponen el foco en la seguridad de las fronteras y no en dar trato humano a los migrantes y proteger sus derechos.
Las actuales políticas migratorias de los países europeos son un claro ejemplo al tener como principales pilares la militarización, la disuasión y la externalización del control de las fronteras. La eliminación de misiones de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan vidas en el mar, la brutalidad policial en las fronteras, el pago de millones de euros a países como Libia, Turquía o Marruecos para que bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes forman parte de esta táctica de amenaza directa para impedir que estas personas lleguen a los países europeos.
Frente a las operaciones de salvamento y asistencia humanitaria como el “Mare Nostrum”, que en tan solo 18 meses logró rescatar a casi 100.000 personas migrantes, recuperar 499 cuerpos y detener a 728 traficantes; actualmente la UE prioriza la gestión y guarda de fronteras a través de una muy limitada acción de la agencia europea Frontex, aunque la evolución del presupuesto de esta Agencia ha ido incrementándose en estos años para centrarse en la vigilancia de las fronteras, mientras que el presupuesto para Salvamento Marítimo se congela e incluso se reduce. El rescate de personas en el mar es una labor imprescindible e indigna la omisión al socorro por parte de la Unión Europea, dejando morir a cientos de personas que intentan cruzar el Mediterráneo. Los Estados han de garantizar la ayuda a cualquier persona en peligro en el mar, sin distinguir por razones de la nacionalidad, el estatus particular del individuo o las circunstancias en las que se encuentra.
Ante este grave incumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados con relación a proporcionar socorro y ayuda humanitaria y la crisis de gobernabilidad de la UE, son las organizaciones de la sociedad civil las que salvan vidas. ONGs formadas por ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que representan todo aquello que motivó e ilusionó el proyecto europeo de unión en sus inicios: dignidad humana, solidaridad y conciencia social y que ahora ni la UE ni los gobiernos de sus países integrantes parecen recordar ni practicar. Por ello, se debe reconocer el trabajo encomiable y vital que hacen. Sin embargo, la criminalización y persecución de estas organizaciones forma parte de la táctica de disuasión seguida por los Estados, que pretenden poner fin a sus acciones aduciendo que el salvamento crea un factor de atracción, llegando a tipificar como delito esta acción. Una UE en la que no sea básica la protección de la vida de cualquier ser humano es una Unión Europea que no está pensada para las personas y, por tanto, pone en peligro el concepto de derechos sociales que proclamaba en los años de su fundación para todas y todos.
Como ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes “La imposición de limitaciones a la movilidad es parte del problema y no de la solución. La trágica muerte de migrantes en tránsito ha puesto clara y visiblemente de manifiesto la continua ineficacia de la gestión de las fronteras… La única solución es adoptar políticas migratorias bien gestionadas que faciliten la movilidad de las personas migrantes y proporcionen a los Estados los controles de fronteras que necesitan”.
Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia. Los Gobiernos no cumplen la obligación de proteger el derecho a la vida con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, realizando violaciones sistemáticas de los derechos humanos en sus fronteras, pisoteando el derecho al asilo, la protección de menores de edad y de víctimas de trata, y negando la ciudadanía a millones de personas que son despojadas de sus derechos por el hecho de no tener su situación administrativa en regla.
Por todo ello, sin hacer una lectura limitada y cortoplacista, se debe tener una gobernanza migratoria respetuosa con los derechos humanos de las personas y que garantice la movilidad humana. Ante la dramática situación de miles de personas que mueren en el mar, la Unión Europea no puede permanecer impasible y debe llevar a cabo una acción más sólida, más predecible y coordinada, con principios, valores e identidad.
Las entidades firmantes, ante esta situación, que no se trata de un hecho novedoso, y al auge e influencia del populismo xenófobo queremos apelar a la responsabilidad y solidaridad de los Estados para que promuevan una política migratoria que proteja los derechos humanos y libertades fundamentales en materia de asistencia y acogida, que combata las causas reales de las migraciones y construya convivencia.
Fuente: Federación Red Acoge
