Su objetivo: salvar la vida de 40 personas.

En lugar de la alegría y el apoyo por conseguir este objetivo, al entrar en puerto el sábado, tuvo que sortear el bloqueo de un barco de la Marina italiana que bloqueaba el acceso a puerto seguro. No sólo eso; a su entrada, las personas migrantes y refugiadas fueron desembarcadas y colocadas en el “hotspot” de la isla. La capitana arrestada y puesta a disposición judicial, puede ser acusada de «ayuda a la entrada irregular» o «resistencia o violencia contra un buque de guerra», delitos que pueden conllevar 15 años de prisión y 50,000 euros de multa

La teatralización y dramatización de esta operación de rescate, orquestada por Matteo Salvini, le permite respaldar su decreto de ley «seguridad bis», que entró en vigor el 15 de junio de 2019 (antes de su aprobación en el parlamento italiano). Un decreto que tiene como único objetivo reforzar la criminalización de las migraciones y la solidaridad, penalizando a los capitanes de buques y armadores que contravengan la prohibición de entrada en aguas territoriales italianas. Todo ello a pesar de que esta prohibición es contraria a los convenios internacionales ratificados por Italia, que establecen la obligación de aterrizar en un lugar seguro para las personas rescatadas en el mar.

Ante esta vergonzosa situación, la respuesta de Europa ha sido  un silencio ensordecedor durante varios días, que ha sido roto por el compromiso de Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Finlandia para “distribuir” a los supervivientes. Una paradoja en un territorio que aun teniendo 500 millones de habitantes, necesita de «intercambios diplomáticos intensos» para reconocer los derechos fundamentales a 40 personas.

Las consecuencias de la ausencia de respuesta se añade a la falta de asunción de responsabilidades en el rescate por parte de los estados europeos, la cual contribuye al aumento de la tasa de mortalidad en el Mediterráneo y también al aumentando la violencia contra las personas migrantes varadas al otro lado del Mediterráneo, en los países en los que la UE apoya su política migratoria, incluida una Libia en guerra.

Las  ONG que operan el rescate en el mar son la respuesta ciudadana que está poniendo luz sobre las fronteras de Europa, siendo el único freno a esta política de externalización y por esto están siendo atacadas.  
 
Una respuesta ciudadana de movilización disconforme con estas políticas mortales, que centra su mirada en el apoyo a las personas migrantes y en el reconocimiento de derechos y pone el foco en el hecho de que la violencia de estas políticas a lo largo de 30 años está alimentando alimentado ideas racistas y sexistas, como lo demuestran los lamentables insultos misóginos contra la capitana Rackete por parte de políticos y muchos ciudadanos anónimos.

En el lado positivo, la respuesta de la ciudadanía en Lampedusa, Roma y en muchos más lugares; varios diputados permanecieron a bordo del SeaWatch3 hasta que todos pudieron desembarcar; ciudadanos y ciudadanas de la isla se han encerrado más de una semana pidiendo que los exiliados sean desembarcados; se han lanzado convocatorias de movilización en varias ciudades italianas…
 
¡Estas movilizaciones no se detienen en Italia, es el mundo entero el que viene del apoyo!

Por todo ello, 17 países de Oriente Medio, África y Europa, desde la red Migreurop nos solidarizamos con las personas migrantes y refugiadas, con toda la tripulación del Sea Watch 3, así como con todas las demás personas que han sido criminalizados por sus actos de solidaridad en los últimos años, ya sean miembros de ONG o pescadores de las orillas del sur del mediterráneo.

Sabemos que si la solidaridad es atacada violentamente hoy, es porque se erige como un último baluarte contra la guerra contra los migrantes liderados por los estados. El coraje de Carola Rackete tantas otras activistas menos conocidas, demuestra que solidaridad está lejos de ser acallada.

¡Por el derecho a la libre circulación de todas las personas!