Desde el Gobierno de España se están impulsando algunas medidas dirigidas a la regularización extraordinaria de determinados profesionales de origen extranjero extracomunitario, principalmente trabajadores agrícolas y personal sanitario, con el objetivo de cubrir puestos de trabajo que el mercado nacional no puede cubrir en este momento de crisis sanitaria. 

Estas regulaciones son muy limitadas, ya que simplemente suponen otorgar permisos de residencia y trabajo por un tiempo y unos fines restringidos a un grupo de población. Esto supone una mera instrumentalización de las personas como mano de obra en un momento puntual y genera discriminación al favorecer sólo el acceso de determinados perfiles profesionales.  

La situación de emergencia que vivimos requiere de soluciones extraordinarias que vayan más allá del modelo de ciudadanía existente hasta ahora. Todavía es pronto para saber cuál será el impacto económico y social, pero las medidas de contención adoptadas para frenar la propagación del coronavirus están teniendo un impacto muy desigual y devastador en miles de personas y familias, muchas de ellas migrantes en situación administrativa irregular. En todo caso, el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema sin llegar a atender las necesidades particulares de las personas que viven en las situaciones más duras, de mayor riesgo y vulnerabilidad.

Nos enfrentamos a una situación muy compleja. El impacto del cierre de actividades económicas afecta de forma particularmente negativa a las personas trabajadoras con bajos salarios, las que se encuentran en el sector informal, las que cuentan con trabajos precarios o temporales y no tienen acceso a las prestaciones por desempleo, por enfermedad o caída de ingresos. 

Ante la falta de protección anterior de los derechos laborales, muchas familias se han quedado sin trabajo y sin ningún ingreso. La situación económica y social que aparecerá después de la crisis sanitaria va a provocar que miles de personas queden en situación administrativa irregular al no poder acceder a puestos de trabajo y no cumplir los requisitos para el arraigo laboral o familiar. En este sentido, se prevé un aumento de personas en situación administrativa de irregularidad sobrevenida que no podrán renovar sus permisos de residencia y trabajo y que no tendrán acceso a las prestaciones sociales. 

Así, para hacer frente al impacto, la respuesta sociopolítica requiere de soluciones que aborden el problema desde un enfoque basado en derechos humanos, de forma que se reconozcan a las personas migrantes como sujetos plenos de derechos, con independencia de su condición migratoria. Hoy más que nunca se necesita un esfuerzo colectivo y desde múltiples perspectivas. Comprendiendo el problema público, es necesario que el Estado garantice a estas personas, el acceso a las medidas inmediatas de alivio económico y a las medidas de protección social de cara a atenuar los efectos más agudos de la crisis.

A corto plazo, ante una situación sin precedentes, es necesario adecuar las autorizaciones a la realidad laboral y social actual, y favorecer la obtención de permisos de residencia y trabajo, ya que, tras la crisis sanitaria y el fin del estado de alarma, miles de personas pueden quedar sin documentación y sin posibilidad de trasladarse a otros países. Dicho esto, desde la Federación Red Acoge, exhortamos al Gobierno a que trabaje en una política de inmigración firme y bien planificada a medio y largo plazo, pero ante la crisis del COVID-19, proponemos desarrollar medidas concretas para garantizar derechos a toda la ciudadanía independientemente de la situación administrativa:

• Garantizar, de manera excepcional, y debido a circunstancias de naturaleza económica, social y laboral, que las personas accedan a autorizaciones de residencia y trabajo.
• Prorrogar de forma automática la vigencia de las autorizaciones de residencia y trabajo que caduquen durante los meses de estado de alarma y sus tres meses posteriores, al menos hasta enero del año 2021. 
• Garantizar el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria, incluyendo a familiares de comunitarios, para que su acceso no quede limitado a urgencias.
• Flexibilizar los requisitos para la concesión del permiso de residencia y trabajo, en especial el relativo a contar con un contrato de trabajo de al menos un año. En el contexto socioeconómico actual este requisito será muy complicado de cumplir. 
• Ajustar los periodos de cotización exigidos en la ley para la renovación de dichas autorizaciones, adaptándolos a la situación del mercado laboral. 
• Facilitar procesos abreviados y ágiles para favorecer que estas personas puedan acceder al permiso de trabajo y residencia a la mayor brevedad para todas aquellas personas que tenían citas ya previstas y para aquellas que contaban con contrato antes del estado de alarma y que lo han perdido como consecuencia de la crisis sanitaria. 

Para enfrentar efectivamente este desafío sin precedentes, desde Red Acoge, valoramos que es necesario implementar con urgencia medidas políticas excepcionales que aseguren el acceso a derechos a toda la ciudadanía. Los derechos humanos deben estar en el centro de las medidas adoptadas por el Gobierno como respuesta ante la pandemia por COVID-19 para, por un lado, frenar el contagio del virus y la crisis sanitaria y, por otro lado, mitigar el impacto económico y social de la crisis sanitaria. En tiempos de crisis es fundamental mantener nuestros valores y situar los derechos de las personas en el centro de las políticas migratorias.