La actual política migratoria de los países europeos y de la propia Unión Europea tiene como principal objetivo el cierre de fronteras y el bloqueo absoluto a la libre circulación de personas. La principal consecuencia de estas políticas es la muerte de cientos de personas. En el primer semestre del año 2019 más de 800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo. Muertes de las que son responsables y quedan impunes.

Frente a las operaciones de salvamento y asistencia humanitaria como el “Mare Nostrum”, que en tan solo 18 meses logró recatar a casi 100.000 personas migrantes, recuperar 499 cuerpos y detener a 728 traficantes; actualmente la UE prioriza la gestión y guarda de fronteras a través de una muy limitada acción de la agencia europea Frontex, aunque la evolución del gasto de esta Agencia ha ido incrementándose en estos años para centrarse en  la vigilancia de las fronteras y no en la búsqueda y salvamento de personas.

Así, el papel fundamental de las actuales políticas migratorias de los países europeos se fundamenta en la militarización, la disuasión y la externalización del control de las fronteras. La eliminación de misiones de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan vidas, la brutalidad policial en las fronteras, o el pago de millones de euros a terceros países como Libia, Turquía o Marruecos para que bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes forman parte de esta táctica de amenaza directa para impedir que estas personas lleguen a los países europeos.

Por otro lado, las personas que intentar cruzar a través de la ruta de los Balcanes se encuentran con el fortalecimiento de las fronteras a través del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de países como Eslovenia y Croacia. Las personas que pretenden acceder a Europa a través de la ruta del Mediterráneo central, se enfrentan a las graves violaciones de derechos humanos que sufren en Libia y,  posteriormente, al peligro del mar y el bloqueo en los puertos. Aparte, hay que destacar que las personas que intentan cruzar a través de la ruta del Mediterráneo occidental se encuentran con la valla de Ceuta y Melilla, las devoluciones sumarias y las devoluciones exprés.

Además, en este contexto, los ataques dirigidos contra las personas y organizaciones que salvan la vida de miles de personas en el mar y les proporcionan ayuda humanitaria forman parte también de esta estrategia de disuasión y securitización. Como señala la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiales, en su informe Salvar vidas no es un delito, “Todo indica que los funcionarios del Gobierno acosan a los agentes humanitarios con investigaciones y denuncias procesales sin fundamento para convencerlos y convencer a otros de abandonar su labor.” Además considera que “La segunda táctica ha consistido en imponer cargas administrativas a la acción humanitaria en la frontera, llegando en ocasiones a tipificar como delito esa actividad”

Estas medidas estructuran un sistema que provoca una masiva y sistemática pérdida de vidas humanas y un régimen de impunidad para los autores de esos hechos. El derecho a la vida no puede estar limitado por la nacionalidad o el color de la piel, restringido por fronteras y visados, y determinado, en última instancia, por el hecho fortuito del lugar de nacimiento de una persona.

Desde los diferentes mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil venimos denunciando de forma reiterada el grave incumplimiento por parte de los Estados europeos de sus obligaciones de respetar y proteger el derecho a la vida de las personas refugiadas y migrantes que está provocando un gran número de muertes ilícitas.

Por todo ello, la Unión Europea debe tener una gobernanza migratoria respetuosa con los derechos humanos de las personas y que garantice la movilidad humana. Ante la dramática situación de miles de personas que mueren en el mar, la Unión Europea no puede permanecer impasible y debe llevar a cabo una acción más sólida, más predecible y coordinada, con principios, valores e identidad.
Desde Red Acoge apuntamos diferentes elementos clave ante la falta de gobernanza de la UE:

Desde Red Acoge mostramos nuestra más profunda indignación por el dramático suceso en aguas del Mediterráneo donde al menos 116 personas que han desparecido y 132 que han sido rescatas tras naufragar la embarcación en la que trataban de llegar a Europa.

El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados lo ha valorado como «la peor tragedia en el Mediterráneo de este año». Estas muertes se suman a las 683 personas que han muerto en lo que va de año en las tres principales rutas de emigración irregular en el Mediterráneo, según cifra la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) esta semana.

Una vez más, las políticas llevadas a cabo por los Estados dirigidas al cierre de fronteras y al bloqueo absoluto a la libre circulación de personas, tienen como consecuencia la muerte de cientos de personas. Muertes de las que son responsable y quedan impunes. Recordamos que los Estados, según los Tratados de los Derechos Humanos, tienen la obligación de proteger la vida y la seguridad de estas personas y garantizar su rescate y asistencia inmediata.

Frente al cierre de fronteras y las limitaciones al espacio Schengen, la Unión Europea debe tener una política en materia de inmigración y asilo respetuosa con los Derechos Humanos de las personas e implementar medidas para prevenir nuevas muertes y reanudar la búsqueda y rescate de migrantes que se ha dejado en suspenso. Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia.

Además, frente a la criminalización de la solidaridad de las personas defensoras de los derechos de las personas migrantes, en la Declaración conjunta del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi y el Director General de la OIM, António Vitorino del pasado 22 de julio, se señala “el papel crucial que desempeñan las ONG debe ser reconocido. No deben ser criminalizadas ni estigmatizadas por salvar vidas en el mar. No se debe solicitar a las embarcaciones comerciales, en las que se confía cada vez más, que realicen operaciones de rescate que transfieran a las personas rescatadas a la Guardia Costera de Libia, ni se les debe ordenar que desembarquen en Libia, que no es un puerto seguro”.

Urge que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales de respetar y proteger el derecho a la vida de las personas migrantes, entre otras cosas garantizando tanto el rescate y auxilio de embarcaciones en el mar como un desembarco seguro renunciando a la creación de “listas de países seguros” que impiden dispensar protección internacional a un importante número de personas que huyen de la guerra y de la persecución, y que son potenciales demandante de asilo, pero consideradas inmigrantes económicos para obviar la preceptiva responsabilidad.

Es necesario un nuevo enfoque de políticas de gestión y gobernanza de fronteras acorde con los derechos humanos, por ello frente a la creación de muros, desde Red Acoge pedimos: que se creen rutas seguras, así como visados humanitarios que permitan protección y asistencia a las personas que deseen llegar a territorio de la UE, de manera que nadie se vea forzado a poner su vida en manos de redes de trata y de traficantes y, muy especialmente, teniendo en cuenta los grupos más vulnerables, menores y mujeres, sin discriminar por nacionalidad, género, religión o estatus migratorio.

Rioja Acoge muestra su más profunda preocupación ante la gravedad de las decisiones que se están llevando a cabo por parte del gobierno español que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes y la irresponsabilidad de las declaraciones discriminatorias realizadas por los grupos de la oposición hacia las personas migrantes. 

El Tribunal Supremo en su sentencia no 1263/2018, señala claramente que según “el artículo 10.2 de nuestra Carta Magna, las normas relativas a los derechos fundamentales deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España”. 

De esta forma, el Estado español tiene la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las personas migrantes establecidos en dichas normas, sobre la base del principio de igualdad y no discriminación en todas las etapas del proceso migratorio. 

No es una cuestión interpretable o de solidaridad, es una cuestión de cumplimiento de obligaciones internacionales y de proteger la vida de personas que se encuentran en grave peligro. Deben crearse sistemas para socorrer a todas las embarcaciones en peligro que pongan en el centro la búsqueda y el salvamente de todas las personas en pie de igualdad, independientemente de su estatus migratorio. 

Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia. 

Recordamos que el Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras y que éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida. 

Las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración en vez de gestionarla, aumentan los riesgos a los que se exponen los migrantes y crean zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras, al tiempo que alimentan los discursos xenófobos potenciados por la visión de una Europa que se ha de defender. Por lo que urge un cambio de dirección a la hora de abordar la inmigración. 

Queremos destacar que los mensajes de representantes políticos que hablan de efecto llamada, no son ciertos, y nos preocupa que si bien por desconocimiento o bien por rédito políticos se usen argumentos falsos para criminalizar un colectivo. El aumento de llegadas a España es consecuencia del cierre de nuevas rutas, sumado a la época de año en la que estamos, junto con factores de expulsión en los países de origen como inestabilidad política o guerras. 

También nos alarma que se hable de “no caer en el buenismo y dar papeles para todos” cuando se sabe de las trabas burocráticas para adquirir la residencia. Este tipo de declaraciones sólo generan alarma a la sociedad y nuevamente vuelve a poner a las personas inmigrantes como invasores. 

Lo que nos lleva al tercer discurso xenófobo que estamos escuchando estos días que vincula la venta ambulante de los manteros con inseguridad ciudadana. Una vez más los políticos vuelven a usar un colectivo migrante como chivo expiatorio sin hablar de la precariedad, la dificultad para regularizarse, y sin proponer medidas más a allá de medidas policiales. 

Pedimos al Estado español que asuma las directrices que desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas que insta a “a evitar los mensajes estigmatizantes, xenófobos, racistas, alarmistas o inexactos”. 

Europa vive un aumento de los populismos, la extrema derecha, el racismo y la xenofobia, los políticos deben alejarse de esta retórica y dar un giro de 180 grados a sus políticas migratorias y a sus discursos de protección de fronteras y miedo al extranjero. 

Pedimos que los representantes políticos tengan en cuenta las experiencias de las personas inmigrantes para la comprensión del impacto de sus medidas y gobernar poniendo los derechos humanos como centro de sus políticas. 

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Más información en la página web de la Federación Red Acoge.