Cuando se cumple un mes de la tragedia provocada por la DANA, las entidades sociales (Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) han enviado un documento a la Secretaría de Estado de Migraciones y a la Secretaría de Estado de Trabajo en el que identifican las dificultades específicas que enfrentan las personas migrantes afectadas por la DANA y han presentado una batería de propuestas que, no han sido contempladas en los paquetes de medidas extraordinarias aprobados para dar respuesta a la población por los daños causados, con el fin de que las vecinas y vecinos en situaciones de mayor vulnerabilidad no queden excluidas del “escudo social”. 

Las organizaciones sociales y de personas migrantes, desde el acompañamiento y asistencia que realizan en Valencia, han identificado y alertado sobre las dificultades que muchas personas afectadas tienen para poder acceder a las ayudas y a la protección de las medidas aprobadas, por no poder demostrar que cumplen con los requisitos necesarios o por no poder presentar la documentación requerida para realizar la solicitud. 

Fundamentalmente son las vecinas y vecinos extranjeros de la provincia de Valencia que se encuentran en situación administrativa irregular las que están en condiciones de mayor precariedad y vulnerabilidad. Una situación de catástrofe y emergencia como esta ha dejado en evidencia la enorme desprotección de las personas en situación de irregularidad administrativa y la urgencia de facilitar su regularización para proteger sus derechos y garantizar su seguridad.

Demandan que, en este caso, se aplique la Disposición adicional primera del Reglamento de Extranjería que contempla la posibilidad de facilitar autorizaciones temporales de trabajo y residencial cuando circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen y en supuestos no regulados de especial relevancia. La catástrofe vivida y las trágicas consecuencias a medio y largo plazo justifican sobradamente que pueda aplicarse esta disposición.

Pero también hay que tener en cuenta las dificultades relacionadas con la tramitación de las autorizaciones de residencia y/o trabajo o sus renovaciones de aquellas personas que ya cumplían los requisitos y poseían la documentación necesaria y que, como consecuencia directa de los efectos de la DANA, puedan haber perdido su trabajo, las ofertas de empleo que tuvieran debido al cierre de las empresas o por la presentación de un ERTE, o su vivienda esté afectada. Debido a estas situaciones pueden verse impedidas para poder justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para regularizar su situación o demostrar que cuentan con la documentación necesaria.

Unas y otras, por otra parte, se están encontrando dificultades para acceder a las ayudas reconocidas a pesar de ser afectadas directas por carecer de la documentación necesaria que se requiere. A pesar de residir en los municipios afectados, algunas personas no tienen la autorización de residencia. Otras no han logrado empadronarse por los obstáculos que las propias administraciones municipales establecen; otras no tienen contrato de alquiler o una hipoteca a su nombre pero su vivienda se ha visto afectada y tampoco tienen el título de propiedad del vehículo que puedan haber perdido. También se puede dar el caso de que no dispongan de una cuenta bancaria por las dificultades de acceso establecidas por las entidades bancarias.

Resulta especialmente preocupante la desprotección de quienes trabajan en la economía sumergida, sin contrato de trabajo, que no podrán acogerse a ninguna de las ayudas establecidas para proteger a las trabajadoras y trabajadores. El agravante además es que tendrá especial incidencia en sectores muy afectados por la DANA, en los que es habitual trabajar sin contrato, como aquellos en los que se insertan las trabajadoras de hogar y  cuidados, las personas trabajadoras del campo o de la construcción.

Por todo ello, las entidades sociales consideran imprescindible que se adopten medidas extraordinarias que contemplen las necesidades particulares de la población migrante que pueda haberse visto afectada por la DANA y sus consecuencias, de modo que se garantice la protección de todas las personas, sin exclusiones.