Todos estos temas están siendo utilizados por representantes de los diferentes partidos políticos para sus propias confrontaciones con meros intereses partidistas y están siendo amplificados por los medios de comunicación que replican sus discursos de forma descontextualizada y reforzando la polarización.
 
Durante estos meses hemos visto como los discursos de odio, racistas y criminalizadores proliferan a gran velocidad entre la ciudadanía en torno a los movimientos migratorios de miles de personas que se ven forzadas a dejar su país. También encontramos discursos utilitaristas que mercantilizan a las personas como mano de obra necesaria para el crecimiento económico del país. Igualmente, encontramos discursos buenistas que apelan a la bondad y la compasión pero que no dan respuesta política a la realidad de las personas que migran.

 
Todos ellos, discursos que tienen graves consecuencias sociales, fomentando un enfoque totalmente alejado de los derechos humanos, de la realidad de las personas que se ven forzadas a abandonar su hogar, de los múltiples obstáculos que se encuentran a lo largo de todo el proceso migratorio, de las graves vulneraciones de derechos humanos que sufren como consecuencia de las políticas y las leyes de los denominados países de “acogida” y, especialmente, de las obligaciones de un Estado de derechos y una sociedad democrática y diversa, como es el Estado español y su sociedad.
 
Estos discursos tienen consecuencias directas sobre las vidas de las personas migrantes, al ser precursores de actos discriminatorios. No en vano, en las últimas semanas, se han perpetrado ataques contra personas migrantes y racializadas y contra organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes.
 
Ante esta grave situación, desde Red Acoge queremos poner fin a estos discursos dañinos y apostamos por la construcción de una sociedad diversa e intercultural. Para esto consideramos necesario clarificar elementos básicos de las migraciones donde las personas, sin discriminación alguna, están en el centro.
 
No existe “efecto llamada”. Estamos en la “era de las migraciones”
 
Si bien la humanidad ha estado siempre en constante tránsito y la migración en sí misma es parte natural de la existencia humana, el propio Secretario General de las Naciones Unidas, ya en el año 2018, hablaba de la “era de las migraciones” para poner de manifiesto la dimensión que la movilidad humana ha alcanzado en el momento actual llegando a niveles sin precedentes.
 
Según ACNUR, “A finales de 2023, había 117,3 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos y otros acontecimientos que alteraron gravemente el orden público. Con base en sus datos operativos, ACNUR estima que el desplazamiento forzado ha seguido aumentando en los primeros cuatro meses de 2024; de hecho, a finales de abril de 2024 la cifra superaba los 120 millones de personas”.
 
Ninguna persona quiere dejar su hogar y abandonar su país. Son muchos los factores de expulsión que llevan a una persona a la decisión de dejar su país, todos relacionados con la pobreza, la desigualdad, la violencia, los conflictos armados, la discriminación, el cambio climático y la mala gobernanza. No podemos reducir la complejidad de los movimientos migratorios actuales a la movilidad laboral. Son muchas más las causas y las motivaciones por las que las personas se ven forzadas a dejar su país.
 
La fotografía actual de las migraciones es diversa, se compone de mujeres, hombres, niños y niñas, que se mueven en diferentes condiciones, a diferentes ritmos y por diferentes motivos.
 
No hay un “efecto llamada” que aliente a las personas a poner en riesgo su vida y dejar su hogar. Lo que hay, son muchas realidades diferentes en los países de origen que fuerzan a las personas a migrar, a superar todos los obstáculos del proceso migratorio y a buscar protección en otro país.
 
No estamos ante una crisis migratoria. Estamos ante una crisis humanitaria y de derechos humanos
 
Miles de personas se ven obligadas a entrar en el territorio español de forma clandestina, arriesgando su vida en una frontera o en el mar. Según el informe de Caminando Fronteras, el año 2023 se ha convertido en el más mortífero desde que tenemos registros. Si en 2021 fueron 4.639 las víctimas y 12 personas murieron al día en los cruces migratorios, en el 2023 las cifras de la vergüenza se elevan a 6.618 con una estadística de 18 muertes diarias, de las cuales 363 eran mujeres y 384 niñas y niños. Estos datos suponen un incremento de 2,7 con respecto al año 2022. Además, a lo largo de 2023 un total de 5.151 niñas y niños menores de 18 años han llegado por esta vía, más de un 10% de los cuales son menores extranjeros llegados solos.
 
Personas que huían de las crisis políticas y sociales de países como Senegal, Gambia, Costa de Marfil, Mail, Marruecos, etc y que murieron cuando buscaban protección en España o en territorio europeo.
 
Como señalaba la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias en su informe Muerte ilícita de refugiados y migrantes “Nos encontramos ante una crisis que solo puede describirse como una crisis humanitaria y de los derechos humanos. Esa crisis se caracteriza por una enorme pérdida de vidas humanas a nivel mundial, un régimen de impunidad para los autores de esos hechos y una tolerancia general de esas muertes”.
  
Ninguna persona quiere poner en peligro su vida. Se ven obligadas a hacerlo por la falta de vías legales y seguras para entrar y permanecer en España
 
Las escasas e ineficaces vías legales y seguras existentes en la legislación española para que las personas que se ven forzadas a dejar su país lleguen a España con las autorizaciones necesaria las obliga a ponerse en manos de las mafias, utilizar las rutas más peligrosas y poner en riesgo su vida.
 
Las actuales vías contempladas en la normativa de extranjería son muy limitadas y la política de visados muy restrictiva. La mayoría de estas vías se centran en la movilidad laboral de personas de terceros países que son necesarias para cubrir los sectores del mercado laboral español que no se están cubriendo. Así, el foco son las necesidades económicas de España y no en la complejidad de los movimientos migratorios actuales y a las múltiples causas por las que una persona se ve forzada a migrar. Además, en cuanto a la movilidad laboral las vías existentes han mostrado su ineficacia de forma que, en el año 2023, yan solo 16.193 personas migrantes fueron contratadas en país de origen en 2023.
 
Como ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes “La imposición de limitaciones a la movilidad es parte del problema y no de la solución. La trágica muerte de migrantes en tránsito ha puesto clara y visiblemente de manifiesto la continua ineficacia de la gestión de las fronteras… La única solución es adoptar políticas migratorias bien gestionadas que faciliten la movilidad de las personas migrantes y proporcionen a los Estados los controles de fronteras que necesitan”.
  
Devoluciones de personas en frontera y los retornos forzosos son graves violaciones de los derechos humanos
 
Las personas que intentan cruzar a través de la ruta del Mediterráneo occidental se encuentran con la valla de Ceuta y Melilla, las devoluciones sumarias y las devoluciones exprés y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
 
Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia. Los Gobiernos no cumplen la obligación de proteger el derecho a la vida con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, realizando violaciones sistemáticas de los derechos humanos en sus fronteras, pisoteando el derecho al asilo, la protección de menores de edad y de víctimas de trata, y negando la ciudadanía a millones de personas que son despojadas de sus derechos por el hecho de no tener su situación administrativa en regla.
 
Los acuerdos con terceros países basados en la mercantilización de las personas o en la externalización de las fronteras imponen limitaciones a la movilidad de las personas

Uno de los principales mecanismos de la esta política migratoria española son los acuerdos bilaterales de cooperación en materia migratoria. Estos acuerdos tienen un triple objetivo.

En primer lugar, los acuerdos bilaterales de movilidad laboral. Con estos acuerdos se pretende dar respuesta a las necesidades de mano de obra determinados sectores del mercado laboral español, en especial el sector agrícola, favoreciendo la movilidad regular temporal de trabajadores en terceros países. Para esto proponen formar a trabajadores en los países de origen, facilitarles autorizaciones de residencia y trabajo por un periodo de un máximo de 9 meses a España y, una vez finalizado, retornarles a su país. Tras cuatro años en estas condiciones, podrán solicitar una autorización para residir y trabajar en España por dos años más. Esto es llamada migración circular.
 
En segundo lugar, acuerdos bilaterales para reforzar la seguridad de las fronteras con terceros países fronterizos o de tránsito para obstaculizar la llegada de personas por la frontera sur. Es la llamada externalización de fronteras.
 
Finalmente, en tercer lugar, los acuerdos bilaterales incluyen clausulas para facilitar la readmisión de las personas que son expulsadas, devueltas, retornadas forzosamente o deportadas desde España a su país de origen.
 
Todas estas medidas limitan y obstaculizan la movilidad de las personas que se ven forzadas a migrar, no tienen en cuenta las múltiples causas por las cuales se ven forzadas a migrar y se limita a los intereses económicos del estado español, mercantilizando a las personas.
 
El Estado español tiene la obligación de acoger y proteger a las personas que se han visto forzadas a abandonar su país, sin discriminación alguna, con independencia de su país de origen
 
Las políticas migratorias actuales son políticas de doble rasero ya que dos casos semejantes son tratados de forma diferente. Este diferente trato viene marcado por el país de origen de las personas que se ven forzadas a migrar y las relaciones e intereses económicos de España con dicho país.
 
Como señala la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias “El derecho a la vida no puede estar limitado por la nacionalidad o el color de la piel, restringido por fronteras y visados y determinado, en última instancia, por el hecho fortuito del lugar de nacimiento de una persona”.
 
La condición de la infancia debe prevalecer sobre la condición administrativa en la protección de los niños y niñas extranjeros que llegan solos a España
 
No son MENAS, son niños, niñas y jóvenes que llegan solos a España. Las razones por las que estos niños, niñas y adolescentes llegan solos a España son numerosas. Entre ellas, la persecución del menor o de sus padres, un conflicto en su país, la trata de niños y niñas, la muerte de sus padres a lo largo del proceso migratorio, la venta por parte de sus familiares o la búsqueda de mejores oportunidades. Independientemente de la razón que los ha llevado a migrar solos, no podemos olvidar la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran y la exposición a todo tipo de violencias, explotación, abusos sexuales, trabajo infantil o violencia de género. Sin embargo, cuando se habla de migración casi nunca se tiene en cuenta la perspectiva de la infancia migrante.
 
Con frecuencia son discriminados, no es posible determinar su edad o se produce una determinación errónea, no tienen ni pueden obtener documentos de identidad y, además de estar en riesgo de pobreza y exclusión social, son estigmatizados y criminalizados. 
 
Los motivos de huida o la especial situación de vulnerabilidad que sufren no suelen ser protagonista en las publicaciones sobre el tema y, a pesar del incremento de la atención mediática, no se ha proporcionado una mayor atención al cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene hacia la infancia migrante que llega sola a España.
 
Representar a las personas migrantes como un problema de seguridad responde a intereses particulares que buscan legitimar propuestas partidistas racistas y xenófobas
 
La representación actual de las personas migrantes por parte de representantes de determinados partidos políticos y de los medios de difusión pasa por la deshumanización y la criminalización que redunda en la polarización social en torno a esta realidad.
 
Los representantes de determinados partidos políticos aprovechan sucesos violentos y delitos que se dan en contextos locales, para culpabilizar las personas migrantes por el simple hecho de haber nacido en otro país o tener un color de piel, una religión o una vestimenta diferente a la que ellos consideran “normal”. El único objetivo es generar miedo y desconfianza ante lo que ellos consideran “diferente” para legitimar su ideología racista y xenófoba.
 
Estos discursos que tienen graves consecuencias sociales y promoviendo el racismo, xenofobia y odio hacia la diferencia.

Recordemos que #MigrarEsUnDerecho

Fuente: Federación Red Acoge