-20 de junio-. Actualmente hay más de 22,5 millones de personas refugiadas alrededor el mundo según ACNUR. Todas ellas, personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares al ver amenazada su vida por conflictos armados y violencia o por ser perseguidas por su etnia, religión, nacionalidad, opinión política, pertenecer a un determinado grupo social o de género.

Sin embargo, las rutas de huida que inician las personas refugiadas están llenas de riesgos que amenazan constantemente su vida. Durante el trayecto se enfrentan a redes delictivas y grupos armados, pueden ser detenidas en condiciones inhumanas o ser víctimas de violencia sexual, de esclavitud, de secuestro e incluso asesinadas. La falta de vías legales y seguras consigue que miles de personas refugiadas mueran cada año durante el camino por las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras.

Naciones Unidas considera la situación actual “una grave crisis humanitaria y de derechos humanos caracterizada por una enorme pérdida de vidas humanas a nivel mundial, un régimen de impunidad para los autores de esos hechos y una tolerancia general de esas muertes”.

Las personas que sobreviven y llegan a nuestras fronteras ven nuevamente amenazada su vida. El uso excesivo de la fuerza por los agentes del control de fronteras, los malos tratos, las devoluciones extrajudiciales y la privación de libertad injustificada, ponen en riesgo la vida y vulneran los derechos de las personas que solicitan protección internacional en nuestro país.

Recordamos que los estados tienen la obligación de garantizar los servicios básicos durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras para que todas las personas refugiadas puedan solicitar protección internacional y que éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

Sin embargo, las personas solicitantes de protección internacional, tras superar las barreras de entrada, ingresan en un sistema de acogida ineficaz e inflexible que no facilita y a menudo entorpece la inclusión de las personas en nuestro país.

Las personas refugiadas tienen derecho a un empleo remunerado, a una vivienda digna, a educación pública gratuita, asistencia médica en las mismas condiciones que la ciudadanía del país, a la libertad de circulación por el territorio, libertad de religión, acceso a los tribunales y obtención de documentos de identidad y viajes. El sistema de asilo debe facilitar los mecanismos para que estos derechos sean efectivos.

 

El 65% de las solicitudes de asilo en nuestro país durante 2017 fueron denegadas

Por último, en relación al dispositivo de acogida desplegado en torno a la llegada del Aquarius y aunque valoramos positivamente que se hayan cumplido con nuestras obligaciones internacionales, nos preocupa la desatención sufrida recurrentemente por las personas que llegan a nuestras costas en pateras anónimas, y la falta de atención con la que se han tratado las muertes de los últimos días por los naufragios ocurridos mientras intentaban llegar a España.

Queremos recordar que todas las vidas merecen la misma atención, que todas las personas refugiadas merecen protección y que las obligaciones internacionales deben respetarse para todas, habilitando mecanismos estables de acogida dignos y adecuados, que protejan ante todo el derecho a la vida, y articulen el diálogo entre todos los agentes implicados de manera continua, y no sólo como respuesta a un foco mediático puntual.

Fuente: Red Acoge.